A 24 años del CISEN

El 13 de febrero de 1989 surgió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con la intención de ser un organismo de vanguardia que revolucionase la forma de hacer espionaje y, aún más importante, de pensar y de actuar en torno a la Seguridad Nacional en México. Sin embargo, con apenas 24 años de existencia el Centro ha cosechado tan similar número de triunfos como de fracasos, y son tantas las vicisitudes a las que se tiene que enfrentar, que resulta una tarea complicada fijar una posición con respecto a la joven institución, que pese a todo(s), pocas cosas se le pueden justamente reprochar. 

Si bien se puede rastrear el concepto de “Seguridad Nacional” hasta el siglo XIX, en México se empezó a manejar en el discurso oficial bastante más tarde. Aún cuando ciertos teóricos afirman que con la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación, creada por Venustiano Carranza  en 1918, encontramos la primer agencia estatal encargada de la Seguridad Nacional, la verdad es que es hasta la publicación del Plan de Desarrollo 1980-1982 donde se utiliza por primera ocasión el concepto propio de Seguridad Nacional, que por cierto se limitó en esa ocasión a unas pocas palabras referentes a las funciones de las fuerzas armadas.

En 1929 la Sección Primera pasó a llamarse Departamento Confidencial, que a su vez se convirtió en la Oficina de Información Política en 1938, que se encargó, como las anteriores, de realizar “inteligencia” política interna y que funcionó hasta 1942, momento en que se fundó el Departamento de Investigación Política y Social (posteriormente Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, DGIPS) que trataría de ampliar sus objetivos al ámbito internacional dada la coyuntura de la segunda guerra mundial.

Iniciada la guerra fría, en la década de los setenta se fundó la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que se caracterizó por ser la principal ejecutora de la guerra sucia mexicana. La intervención ilegal de comunicaciones privadas, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento personal, las desapariciones forzadas y la tortura, fueron recursos de uso frecuente por la DFS en el combate a la disidencia política y a la delincuencia. No es de extrañar que en el imaginario colectivo mexicano aún exista cierta tendencia a interpretar como iguales la Seguridad Nacional y la violación de garantías individuales.

Agotado el modelo autoritario del Partido Revolucionario Institucional y principalmente por presión del gobierno de Estados Unidos de América –en 1985 fue secuestrado y asesinado un agente de la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) por agentes de la DFS–, el régimen se vio obligado a replantear su política de Seguridad Nacional. La primer manifestación pública de estos cambios fue el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en el que se transformó el significado oficial de Seguridad Nacional adquiriendo la connotación de “mecanismo para lograr un estatuto de libertad, estabilidad y orden social”.

Resultado de un complejo proceso gubernamental interno, que podríamos calificar de confrontación entre posturas conceptuales sobre el futuro de la DFS, se fundó en 1985 la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN). Éste se nutrió de algunos cuadros de la DGIPS y eliminó la DFS, sirviendo como paso necesario para crear en 1989 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el cual se cuidó de no incorporar en sus atribuciones capacidades operativas ni de combate al incipiente narcotráfico; procurando así evitar la corrupción y el abuso de poder en el que incurrieron los miembros de la DFS. Situación que desafortunadamente cambió en años recientes, sometiendo al Centro a un desgaste que por definición correspondía a la Procuraduría General de la República

Pensado como un órgano de inteligencia civil y buscando no cometer los “excesos” del pasado, los agentes del CISEN no portan armas y se exige de ellos una alta formación profesional (la mayoría de los agentes de la DFS sólo habían cursado la primaria). Sin embargo, pese a los avances que representó en la materia, el CISEN se ha tenido que enfrentar a la escasa cultura de Seguridad Nacional que prevalece en el país, así como el estigma de odio y represión que la DFS legó a los aparatos de inteligencia mexicanos y que no se limita al imaginario de la población civil, sino que lamentablemente también comparte, en mayor o menor medida, la clase gobernante del país.

Muestra de ello son las intenciones del presidente Vicente Fox que, suponiendo al CISEN como una herramienta anti-democrática, inició su mandato decidido a desintegrar el Centro pero que terminó desistiendo después de conocerlo y de instaurar una “comisión de la verdad” que investigó sus archivos; sin que por ello se abstuviera de reducir notablemente el presupuesto destinado al CISEN, ocasionando durante su sexenio la deserción de varios de sus agentes. Algunos de los cuales, según se supo después mediante un escándalo en medios, crearon agencias de espionaje privadas e ilegales disfrazadas bajo el eufemismo de “consultoras de seguridad”.

Entonces no sólo el Ejecutivo se mostró indiferente a la temática de Seguridad Nacional, también el Poder Legislativo prefirió omitir durante años el necesario debate en torno a la regulación de la agencia de inteligencia civil mexicana, que operó en el limbo jurídico hasta 2005, año en que se creó la actual Ley de Seguridad Nacional (LSN), en la que se reconoció (más allá del reglamento interno de la Secretaria de Gobernación) la existencia del Centro (que hasta ese momento jurídicamente no existía) y se delimitaron con cierta claridad las funciones y formas en que éste debe operar.

La LSN representó un gran avance en la materia, pues asoció por primera vez el concepto de Seguridad Nacional a la defensa de la democracia y el mantenimiento del orden constitucional (garantías individuales incluidas). Pero no por ello debe ser considerada como un proceso acabado, ya que, pese a sus ventajas, adolece de diversas deficiencias en su redacción y contenido. De las cuales destaco dos puntos: 1) la redacción del artículo tercero que define la Seguridad Nacional como las “acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, condenando así a las Instituciones encargadas de garantizar la seguridad del país a actuar sólo ante lo apremiante y no de manera preventiva ni mucho menos prospectiva; y 2) la excesiva atención que pone en la reglamentación del CISEN en detrimento de una adecuada articulación de un Sistema de Seguridad Nacional. Por su contenido la LSN parece más una Ley Orgánica del CISEN que un ordenamiento de carácter general.

Las deficiencias son diversas: la reglamentación que la Ley da al Consejo de Seguridad Nacional dista mucho de lo ideal, pues además de persistir una falta de comunicación para la toma de decisiones, hay diferentes mandos y liderazgos, fragmentación de la información, duplicidad de funciones, carencia de mecanismos de intercambio de información, falta de una política clara de transparencia y problemas de tipo jurídico. No es claro cuál es la instancia que debe llevar la batuta, mientras que la Ley asigna al CISEN sólo funciones de inteligencia, en la práctica y ante la necesidad se le adjudica todo lo referente a la materia (tal es el caso del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacional, Autoridad Nacional), pero no los elementos jurídicos, profesionales y presupuestales para realizarlo a cabalidad.  ¿Cómo reprochar al CISEN sus faltas?

Para fortuna y desfortuna de la Comunidad de Seguridad Nacional Mexicana y del CISEN en particular, la presidencia de Felipe Calderón marcó desde un inicio un profundo interés en materia de Seguridad Pública enfocado a lo que el Presidente llamó inicialmente la “guerra contra el crimen organizado” (nombre del que después se arrepintió), y mediante la cual se justificó un urgente aumento al presupuesto del CISEN así como la aprobación de su Estatuto Laboral, necesario para evitar la deserción de sus cuadros y garantizar mediante el servicio civil de carrera el alto nivel profesional de sus elementos. El rebautizado “combate al crimen organizado” también atrajo la luz de los medios y puso en el centro de la discusión pública las deficiencias estructurales del Sistema de Seguridad Pública y también la carencia de un Sistema de Seguridad Nacional. Hasta aquí la fortuna.

Lamentablemente, el incuestionable problema de Seguridad Nacional que significa el crimen organizado, en particular su modalidad de narcotráfico, ha marcado una lógica inmediatista desde la cual, tanto los tres poderes de la Unión como la opinión pública en general, se inclinan a pensar y exigir un Sistema de Seguridad Nacional articulado sólo para enfrentar la criminalidad, obviando voluntariamente la visión coyuntural desde la que se debería abordar el problema, y la necesaria distinción que debe existir entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Peor aún, se olvida que históricamente cuando la lógica y capacidades operativas de los organismos encargados de la Seguridad Nacional han sido incorporadas a los servicios de Seguridad Pública, las irregularidades que estos cometen han sido notablemente más atroces ya que se presenta la tentación de emplear mecanismos ilegales destinados a eliminar a los “enemigos” del régimen y a satisfacer fines de lucro personal y de grupo.

Es un peligroso error conceptual creer que la lucha contra el crimen organizado será siempre la prioridad del país. Tratar de resolver las deficiencias de nuestro incipiente Sistema de Seguridad Nacional mediante esta lógica inmediatista es condenar a las generaciones futuras a la incapacidad de respuesta oportuna ante peligros y amenazas nuevas. Para definir la Seguridad Nacional no basta con contemplar las condiciones políticas y sociales del país, también es necesario atender las características económicas, geográficas y demográficas, tanto actuales como futuras.

Si bien la nueva administración dio un paso importante al recuperar para Gobernación las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública y buscar centralizar en el CISEN el manejo de la inteligencia nacional, mientras no determine jurídicamente la batuta del Centro en esta materia, este esfuerzo será inconcluso. Además, el nombramiento por parte de Enrique Peña Nieto de Eugenio Ímaz (funcionario completamente alejado a la temática de seguridad) como titular del Centro, y el cada vez más evidente ingreso de “amigos” y arribistas (distantes de ser profesionales) a las filas del personal del Centro, son gestos que sólo se pueden interpretar como un síntoma de la debilidad conceptual e intelectual del nuevo gobierno, y de su ahínco por regresar al viejo, caduco y peligroso sistema de gobierno PRIsta.

Mientras que el entramado jurídico continue adoleciendo de tantas fallas, y no se erradique el amiguismo y el nepotismo del proceso de selección de funcionarios, pocos avances podemos esperar en el futuro próximo en materia de Seguridad Nacional. 

Sea como fuese, son bien cumplidos los primeros 24 años del CISEN. Felicidades al personal que con vocación y actitud de servicio se enfrenta día a día no sólo a las problemáticas de la nación, sino a la falta de cultura de seguridad de nuestro país. Su esfuerzo en buena medida mantiene, junto con el de otros muchos, el país a flote.

  • Carrillo Ólea hoy publicó en La Jornada una columna que complementa muy bien lo dicho en este blog.

    http://www.jornada.unam.mx/2013/02/19/opinion/021a2pol

    “…El Cisen fue y debió ser una de las instituciones más respetables del Estado y eso con mucho era una tarea presidencial que partía de respetar su misión trascendente. Su valor estratégico hoy está desestimado. Se le ve exclusivamente como un instrumento poderoso que puede ayudar a inclinar la balanza en las elecciones. Resulta que el aprendiz de brujo se encontró con la vara mágica.”