Dentro de unos pocos días, se realizará la primera consulta popular de alcance nacional en la historia de nuestro país y es lamentable que sucederá bajo la imposición de la mentira y la coacción del partido gobernante pues, en teoría, el estreno de un instrumento que ratifica la soberanía de la población debería ocasionar la asistencia masiva a las urnas. Sin embargo, dadas las condiciones en las que se desarrollará, participar de ella sería ser cómplice de una simulación motivada por intereses difusos y con consecuencias imprevisibles. Al punto de que el 77% de la población queremos que se juzguen los crímenes del pasado, pero sólo el 31% cree que la Consulta servirá para eso. Ante este escenario el voto nulo se manifiesta como la mejor alternativa.
Aunque la propaganda oficial se esfuerza por engañar respecto al supuesto juicio a expresidente, la verdad es que, en armonía con la Ley Federal de Consulta Popular y de las lecciones aprendidas tras la desfachatez bíblica de Poncio Pilatos, la pregunta que responderemos y que fue establecida por la Suprema Corte de Justicia, no tiene nada que ver con la premisa del Obradorismo pues ni siquiera menciona la palabra juicio y sólo se refiere a “un proceso”, sin mencionar su naturaleza. De hecho, la redacción es tan ambigua que cualesquiera que sean los resultados del primero de agosto, no hay forma de predecir qué pasará después y todo quedará al arbitrio del régimen.
Existe un sector de la sociedad civil, caracterizado por su activismo social, que está intentando hacer de la Consulta un punto de partida para iniciar un proceso de justicia transicional, a pesar de que el gobierno de Obrador ya les dio la espalda luego de prometer en campaña procesos de este tipo y terminar presentando un Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 carente de cualquier mecanismo transicional. ¿Por qué esperar de Obrador un comportamiento distinto, tras casi tres años de ignorar a las víctimas? No obstante, aún ignorando la evidencia: ¿qué verdad puede surgir de un ejercicio que desde el principio estuvo plagado de engaños? ¿Cómo esperar que las consecuencias de la Consulta serán a favor de las víctimas, cuando todo el proceso se ha caracterizado por su utilización con fines partidistas?
Recordemos el camino recorrido: Durante 2020, el Presidente se manifestó en contra de revisar y juzgar el pasado y dejó a sus bases la tarea de recolectar 1.8 millones de firmas que establece la Ley como una de las formas de solicitar consulta popular. No obstante, ante el inminente fracaso de sus bases para cumplir el requisito, López Obrador terminó convocándola. El problema es que la pregunta que planteó era claramente ilegal y, conforme a la legislación, la Suprema Corte debería haberla rechazado de pleno. Sin embargo, los magistrados prefirieron cambiar la redacción al párrafo ininteligible que se habrá de votar el domingo próximo.
Es llamativo que la mayoría de MORENA en el Congreso reformó la Ley Federal de Consulta Popular para impedir que se pueda poner a consulta la realización de obras públicas, pero no hicieron nada para volver legal la pregunta planteada por el presidente. Más allá de la contradicción de haber restringido esta posibilidad, siendo que ellos aplicaron una encuesta (que no una consulta) para cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, esta reforma da cuenta de su poco interés por efectivamente juzgar los crímenes del pasado. Situación que se ratificó cuando negaron al Instituto Nacional Electoral (INE) presupuesto alguno para realizar la consulta y cuando decretaron retrasar de los trabajos de promoción de la misma hasta el 15 de julio; situación que luego usó Mario Delgado, presidente de MORENA, para desprestigiar al Instituto Nacional Electoral (INE) al acusarlo falsamente de no “publicitar lo suficiente la consulta” e inclusive de “sabotearla”.
Lo cierto es que el control de todo el proceso siempre lo ha tenido MORENA y es absurdo que aquellos que concentran el mayor poder político de los últimos 30 años ahora se disfracen de “víctimas”. De tal suerte que la evidencia da cuenta del nulo interés del régimen por hacer de la Consulta un mecanismo de verdadera justicia y esclarecimiento de la verdad. Más bien, se trata de una simulación que sirve para alimentar la propaganda oficial y armarse de municiones para continuar avanzando sus objetivos partidistas con miras a 2024, pues es ingenuo imaginar que efectivamente se buscará realizar un ejercicio de verdad porque implicaría hundir a los propios agentes del régimen, por ejemplo a Bartlett, autor del fraude de 1988, o a Gertz Manero, responsable de los abusos cometidos durante la Operación Condor en contra de campesinos, e inclusive a Cresencio Sandoval, mano derecha de Cienfuegos, Secretario de la Defensa durante el sexenio pasado. No han querido quitar el fuero al intrascendente diputado Saúl Huerta, pederasta confeso, ¿por qué habrían de querer limpiar las coladeras del sistema?
Cada quién decidirá si participa o no de esta Consulta y, de ser el caso, del sentido de su voto, pero nadie podrá llamarse al engaño cuando veamos cómo, cualesquiera que sean los resultados, el partido en el poder los utilizará para su beneficio. Para quienes dudamos de la legitimidad histórica y moral de esta Consulta nos queda la disyuntiva: anular o abstenerse. Votar por el “no” podría interpretarse como que nos oponemos a la búsqueda de la justicia, cuestión absolutamente falsa. De hecho, es nuestro compromiso con la justicia lo que nos mueve a querer que se haga bien. Entonces, desde mi perspectiva, la alternativa es anular el voto. Así, se ayuda a conseguir el umbral de participación para hacer la jornada vinculante, pero no se libera de responsabilidad al régimen con respecto a sus obligaciones y compromisos constitucionales.
Luego, una vez anulado el voto, nos queda prepararnos para los previsibles ataques de quienes trataran de simplificar al absurdo la realidad y empaquetar a toda la sociedad en dos campos: “cuaternarios” y “fifís”. Quizá Calderón y sus esbirros efectivamente voten por el “no”, pero habrá que distinguir a quienes buscan protegerse así mismos, de quienes buscamos proteger el proceso pendiente de justicia.