Como parte de la “austeridad” presidencial se ordenó al extinción de 109 fideicomisos públicos, dos de los cuales daban servicios a la comunidad del CIDE. Tras varias semanas de protestas y ya con la aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado de la República sesionó en la sede de Xicoténcatl, bajo un fuerte operativo policial, pues el recinto legislativo estaba bloqueado por miles de manifestantes de todos los colectivos afectados por la medida: desde madres buscadoras de desaparecidos y defensores de derechos humanos hasta creadores de cine independiente; incluyendo el sector científico y hasta el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Siete minutos tomó a la comisión de Hacienda, presidida por Alejandro Armenta la eliminación de los fideicomisos.