El juego de los trileros

En su parte dogmática, la constitución política del país asegura que México es una república, es decir, un sistema de organización social que reconoce la capacidad de cada una y uno de sus habitantes para participar en los asuntos públicos y de la cosa común. Sin embargo, la realidad es que para la mayoría de los ciudadanos nos resulta casi imposible ser tomados en cuenta en las decisiones gubernamentales.

Hace dos semanas el Instituto Nacional Electoral (INE) nos entregó a los diversos equipos que nos registramos como aspirantes a una candidatura independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México las respectivas aprobaciones o rechazos a nuestra solicitud de ser candidatos.

El domingo 17 de abril, en una sesión que inició tarde, que tuvo un atípico “receso” de más de una hora y en la que los acuerdos (aprobados por unanimidad) se modificaron detrás de micrófonos, simultáneamente a una discusión que no hacía mención de ellos, el Consejo General del INE aprobó la participación de 8 candidaturas y nos negó a 24 fórmulas la posibilidad de aparecer en la boleta electoral el próximo 5 de junio.

Días después, algunos aspirantes a candidato independiente decidieron impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) la decisión del Consejo General, dando como resultado el 28 de abril la orden por parte del Tribunal hacia el INE de permitir a los quejosos una segunda oportunidad para subsanar los requisitos incumplidos en menos de 48 horas. Seguimos a la expectativa de saber cuántos más lograrán el registro, mucha suerte.

Las miles de hojas entregadas por cada aspirante al INE y al TRIFE, así como los cientos de folios que respectivamente redactaron en respuesta el Instituto y el Tribunal pasarán a la historia como evidencia de un sistema absurdo. Son la prueba de un retrógrada esquema de partidos políticos que se resiste a renovarse.

Es ilógico que una nación que se dice republicana someta a sus ciudadanos a una doble elección: la primera para determinar si puede o no participar en la segunda.

Imagine que desea pintar el edificio donde vive. Lo natural sería reunir a los vecinos para directamente decidir con ellas y ellos si es oportuno pintar y si se mantiene o se cambia el color. Sin embargo, contrario a esta sencillez, el actual sistema de participación agrega un paso previo: usted primero tendría que consultar a los vecinos al respecto de si están de acuerdo en que posteriormente les pregunte sobre un cambio de fachada, y sólo entonces, si la mayoría vota a favor, proceder a la respectiva elección para ver si se pinta o no. Es completamente ilógico.

(Sobre) vivimos un sistema de participación política absurdo y abusivo. Quienes intentamos participar como candidatos independientes nos vimos obligados a satisfacer una compleja tramitología que implicó tiempo, esfuerzo y dinero previos a la autorización para recabar el requisito más difícil: la firma de al menos 74 mil ciudadanos. Nunca un asambleísta local o jefe delegacional partidista ha obtenido tal número de votos. ¡Imagine todas esas firmas para poder someter a elección si se pinta o no el edificio!

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reconoce en su artículo 21 el derecho de cada individuo a participar políticamente. Más no fue sino hasta 2014 y cómo conquista de diversas luchas ciudadanas que el Estado mexicano reconoció este derecho. Antes el único camino para incidir institucionalmente en los asuntos colectivos era sometiéndose a un partido político.

Actualmente la ley ya contempla las candidaturas independientes pero los partidos la han redactado de tal forma, que ejercer ese derecho resulta casi imposible. Es tan complejo lograrlo que pocas personas nos animamos a intentarlo.

Revise la lista de todas y todos los aspirantes independientes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, observe su pasado y su vinculación con diversas estructuras políticas, valore los recursos humanos y materiales de los que gozan. No es riesgoso aventurar que con excepción de Oliverio Orozco, David Domínguez y posiblemente otros cinco, ningún otro ciudadano “de a pie” estaba compitiendo. Los verdaderamente independientes, tanto de partidos como de estructuras de control social, nos contábamos en menos de siete fórmulas, y ninguno obtuvimos el registro.

Allí el motivo que en enero pasado nos llevó a Oliverio Orozco, Andrés Pacheco y a mí a convocar talentos voluntarios, principalmente jóvenes, para conformar una candidatura independiente: Para nosotros la nueva constitución es un primer paso fundamental para garantizar la república.

La carta magna local será la primera de diversas adecuaciones legales que hay que implementar para hacer de la participación política un derecho alcanzable, para lograr que la decisión sobre el bien común no sea monopolio de los partidos.

Queremos una ciudad en la que la no pertenencia a una gran organización política-social no sea impedimento para participar. Un sistema que no obligue a sus ciudadanos a renunciar a sus empleos y ahorros en la búsqueda de una candidatura.

Si el colectivo que integramos bajo la divisa: Mi ciudad es nuestra, pudo satisfacer todos los requisitos legales y tramitologicos en tiempo récord fue gracias a nuestra experiencia y estudios previos en la materia. Y si pudimos juntar más de 90 mil firmas de respaldo ciudadano en un mes y sin presupuesto público ni privado adicional a nuestros bolsillos, fue gracias a nuestra juventud y circunstancias. En esta ocasión pudimos renunciar a todo para dedicarnos de tiempo completo a esta tarea y movilizar decenas de voluntades, sin embargo, la participación política debería ser como respirar: esencial pero de sencillez natural.

A pesar de que son los primeros en violentar la ley, los partidos han escrito un marco jurídico casi inalcanzable tanto para los competidores externos como para los árbitros. Obligaron al INE a revisar y contabilizar a mano casi tres millones y medio de firmas ciudadanas en un tiempo ridículamente corto. No sorprende la cantidad de errores (decenas de miles) que se cometieron en la captura y compulsa del respaldo ciudadano y que se tradujeron en la media a darnos el registro cómo candidatos.

Hay tanto miedo a la república que los partidos han creado un sistema increíblemente complejo. Prueba de ello es el costo de la pasada elección intermedia: más de 15 mil millones de pesos, es decir, el equivalente a 100 mil becas anuales para estudios de doctorado del CONACyT, o a cinco veces el presupuesto asignado a dotar de leche a las familias más pobres mediante el programa Liconsa.

Así las condiciones para la participación. Así la urgente necesidad de que los ciudadanos recuperemos la decisión pública.

La reciente experiencia con la ley 3 de 3 es ilustrativa del camino a seguir: hay que arrebatar las posiciones de poder a estos pillos, y por ahora la forma más cercana de hacerlo es votando por un candidato independiente. Más habrá que valorar entre las pocas opciones que sobrevivieron al registro ante el INE.